Este es el coste estimao en un informe realizado por encargo del Instituto de Estudios de Prospectiva, de la Secretaría de Estado de Economía, bajo el título "Implicaciones económicas de la protección medio ambiental de la CE: Repercusiones para España". La autora del estudio es la doctora es Ingeniería Industrial María Teresa Estevan Bolea.

De acuerdo con sus estimaciones, el gasto público de los años noventa en protección medio ambiental se elevará a 5.037.000 millones de pesetas, de los que 2.595.000 millones serán aportdos por los ayuntamientos, 1.700.000 millones por las comunidades autónomas y 742.000 millones por la Administración Central.

Estas cifras ponen de manifiesto que las corporaciones locales serán las principales protagonistas de la gestión del medio ambiente, que se dirige sobre todo a la eliminación de residuos sólidos, tarea que absorbe la mitad del gasto en esta materia, y al mantenimiento de zonas de ocio y recreo naturales.

No obstante, el capítulo que requerírá un mayor gasto público en los róximos años es la depuración de aguas residuales, en la que tanto la Ley de Aguas como la de Costas reconoce un papel fundamental a las comunidades autónomas.

Serán ellas las que tengan que recaudar el canón de vertidos autorizados a los ríos y al mar que, según el estudio, proporcionará unos ingresos en los próximos diez años 547.000 millones de pesetas.

Esta cantidad se empleará para intentar poner fin a una situación en que, según datos de 1990 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (OPT), sólo un tercio de las aguas residuales de origen urbano, industrial y agropecuario son sometidas a algún proceso de tratamiento.

Otro proyecto medio ambiental destacado es el Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos, que prevé unas inversiones de 62.000 millones de pesetas entre 1989 y 1993, de los que 22.000 millones serían aportados por el Estado y el resto por las comunidades autónomas y la iniciativa privada.

Sin embargo, el informe señala que en 1990 "apenas se ha comenzado" a ejcutar, ya que sólo está construido uno e los cinco depósitos de seguridad previstos y una de las cinco plantas de tratamiento físico-químico de residuos, ambas en Madrid.

Además, el informe asegura que el presupuesto necesario será "mucho más alto" que el previsto, dado que tanto las cifras de producción como las de costes de tratamiento estimadas en el plan "son más bajas que las reales".

EL COSTE PARA LA INDUSTRIA

Por lo que se refiere al coste de la adeucación medio ambiental en la industria que el estudio sitúa en tres billones de pesetas, su autora también considera erróneas, por demasiado bajas, las estimaciones oficiales referidas a los sectores eléctrico, refinero y químico.

Así, en el sector eléctrico, las inversiones precisas para reducir las emisiones de azufre serán de 1.120.000 millones de pesetas, 710.000 millones más de lo calculado por el MOPT.

A juicio de la autora, el MOPT ha subestimado los costes y no ha tenido suficientemente en cuenta el mayor esfuerzo de reducció de emisiones contaminantes que será preciso al aumentar en el nuevo Plan Energético Nacional 1991 la generación eléctrica con carbón y fuelóleo.

En las demás industrias destacan los 750.000 millones de pesetas tendrá que invertir el sector refinero, los 500.000 millones del sector químico y los 324.178 millones necesarios para instalar catalizadores anticontaminantes en los coches.

Esta última cifra resulta de multiplicar el parque de turismos existente en España por el precio de los catalizadors, que oscila entre 20.000 y 100.000 pesetas, en función de la cilindrada del vehículo.

El resto del gasto medio ambiental que deberá afrontar la industria, hasta completar los 3 billones de pesetas, corresponde a las fábricas de papel y celulosas, con 80.000 millones de pesetas; las industrias básicas, con 58.000 millones; la construcción, con 43.825 millones; la minería, con 67.000 millones; el sector textil, con 35.500 millones; y otras industrias, con 26.600 millones.

DISPERSION DE COMPETENCIAS En las conclusiones del estudio, la autora subraya también la urgencia de reducir la contaminación atmosférica en los núcleos histórico-artísticos, ya que "España tiene el segundo patrimonio arquitectónico más importante del mundo, después de Italia, y la pérdida de estos bienes es absolutamente irreparable".

Critica asimismo la dispersión de competencias medio ambientales, al señalar que en la Administración Central participan en estas tareas "al menos 30 organismos", y una situación semejante seproduce en las comunidades autónomas.

En su opinión, la Administración y las empresas deben comprender que "la variable medio ambiental constituye uno de los principales retos de competitividad planteados en una buena parte de la industria española a corto y medio plazo".

Un elemento clave a este respecto es la inversión en investigaciones dirigidas a poner a punto procesos y productos menos contaminantes. En este terreno, es imprescindible la colaboración de la Administración, puesto que, "en geeral, el cash-flow que genera la industria española es insuficiente para acometer estos desarrollos".

Por el contrario, considera peligroso recurrir a la aplicación de canones y tasas sobre vertidos, en lugar de como incentivo para disminuir las emisiones contaminantes, como fuente de ingresos públicos. "Actualmente predomina esta última función y es importante no prolognar esta línea mucho tiempo", señala.