Aguilar declaró durante una hora en la sede del Tribunal Superior de Andalucía, con sede en Granada, en relación con su actividad cuando presidía la sociedad municipal de basuras y saneamiento, en su condición de concejala de la corporación local cordobesa.

Según Manuel González Reyes, abogado del denunciante, Antonio Moral Muñoz, la conceala habría concedido obras ilegalmente y sería también responsable de alteraciones en el presupuesto de un proyecto municipal. Acusó también a la edil y a su sucesora en el puesto, Blanca Ciudad, igualmente de Izquierda Unida, de clientelismo y amiguismo político.

El proyecto en el que se habrían producido las irregularidades consistía en la ampliación y mejora de la nave Casilla, un centro dependiente de la sociedad de basuras y saneamiento de Córdoba, encargada del suministro de agua y la recogida d basura.

Para los denunciantes, es un hecho notorio la común filiación política de las personas que obtuvieron la contrata y las dos concejales. En su opinión, la adjudicación de las obras se hizo a dedo.