La empresa Cocesa, con domicilio en la localidad madrileña de Araganda del Rey, había sido cerrada por orden de la Comunidad de Madrid antes del verano, pero continuaba suministrando a colegios de las provincias de Burgos, Segovia y Valladolid.

Un total de 22 colegios de la provincia burgalesa, 3 en Segovia y otros 3 en Valladolid estaban sirviendo a los niños alimentos con fecha de aducidad pasada o en mal estado, hasta que ha trascendido la denuncia de la Asociación de Padres de Alumnos en uno de los centros públicos de Valladolid, el colegio Pedro I de Tordesillas.

La empresa tenía concertados contratos de suministro con estos colegios por mediación con las direcciones provinciales de Educación, de quienes los padres de alumnos exigen una actuación inmediata.

Los productos distribuidos por Cocesa eran de todas las marcas e incluían carnes, derivados lácteos y pescados maltratados o con fecha caducada.

La Junta de Castilla y León decretó la alerta sanitaria al comprobar que esta empresa cometía diversas irregularidades, como carecer de personal manipulador de la carne, y no reflejar en los menus escolares el número de calorias al que le obliga la normativa.