En la enuncia acusarán al equipo de Gobierno de la localidad de haber cometido varios delitos, entre ellos desplazamiento de población marginada, suplantación de autoridad judicial y denegación de auxilio.

Según estas fuentes, la corporación municipal trata de conseguir que el colectivo, formado por unas treinta familias, abandone el término municipal, por lo que se niega a prestarle servicios como recogida de basuras, conducción de agua potable, instalación de alumbrado público o alcantarillado.

Juan arlos Rois, uno de los abogados encargados de la defensa de los intereses del colectivo portugués, explicó que tanto el ayuntamiento como la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES) iniciaron hace tiempo acciones legales para lograr su desalojo de los terrenos en que se asentaban, denominados "Prado Regordoño", que no llegaron nunca a buen término.

Ante ello, el SEPES y el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Luis Gallego, del PSOE, consiguieron el apoyo de uncolectivo gitano "extremeño" vecino, gracias a los 21 millones de pesetas que les proporcionaron para que abandonasen el "Prado Regordoño" y consiguiese que el "sector portugués" hiciese lo mismo, según Rois.

El desalojo efectivo se efectuó el 19 de septiembre ante las amenazas de los representantes del SEPES, las agresiones del colectivo de "extremeños" y la anuencia de las policías local y nacional, presentes en el lugar de los hechos pero que omitieron cualquier intervención, según denunciaron miemros de las ONG's presentes en el desalojo.

Asentados en un nuevo solar de propiedad privada ubicado en El Soto, donde aún permanecen, los portugueses han sido objeto de "un auténtico proceso de acoso y derribo por parte del ayuntamiento para echarles definitivamente del pueblo", según constará en la denuncia que, en breve, será presentada ante los tribunales.

Para Rois, "les han expulsado de sus casas sin orden judicial, les han impedido vivir con dignidad y el ayuntamiento no quiere hacerse carg de sus responsabilidades legales, por lo que hemos decidido acudir a los jueces".

COMPORTAMIENTO RACISTA

Los grupos sociales que apoyan las reivindicaciones de los portugueses, entre los que se encuentran Cáritas, la Asociación contra la Tortura, Justicia y Paz, el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), Presencia Gitana y la Coordinadora de Barrios, decidieron el pasado jueves comunicar los hechos a la coordinadora de organizaciones no gubernamentales (ONG's) que mantienen una campaña para logar la regularización de los extranjeros residentes en España.

Juan Carlos Rois explicó a esta agencia que el motivo de tal actitud es que "hemos detectado un brote de racismo hacia una gente que padece la 'desventaja' de ser gitanos y, además, de origen portugués".

Responsables de la campaña informaron que han asumido el caso, y el próximo jueves comunicarán a los medios de comunicación las acciones que han decidido emprender, entre las que está la convocatoria de una manifestación que se realizaá el próximo sábado en la localidad madrileña.

Las organizaciones de apoyo ya habían solicitado, el pasado mes de noviembre, la disolución de la corporación municipal por "manifiesto incumplimiento de sus obligaciones constitucionales", en escritos remitidos a la Presidencia del Senado, al Defensor del Pueblo, a la Comisión Nacional de Administración Local y a la Comunidad Autónoma de Madrid, entre otros.

El escrito afirma que, según lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Loal, "la gestión gravemente dañosa para los intereses generales" del Ayuntamiento de Móstoles supone "una violación reiterada y grave de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos gitanos de dicho municipio".

LARGO ASENTAMIENTO

El poblado de asentamiento que ha motivado el conflicto en Móstoles nació hace unos doce años alrededor de tres núcleos familiares descendientes de portugueses y un cuarto de esa nacionalidad, cuyos miembros poseen permiso de residencia, procedentes de diversos puebls castellano-leoneses.

El grupo fue creciendo hasta alcanzar los doscientos integrantes que, aproximadamente, lo forman en la actualidad, y hace unos años se instalaron en el polígono denominado "Prado Regordoño", junto a otro poblado de gitanos "extremeños".

La mayoría de los miembros del "sector portugués" están empadronados en la localidad, los niños acuden a los diversos centros escolares del municipio y reciben servicios públicos como los de Correos o los que presta la Policía Local.