Tanto Ignacio Monfort, director del área de medioambiente del Instituto Cerdá; Carlos Martínez, direcor de Entrecanales-empresa dedicada a la construcción de plantas de reciclaje-, como Juan López Uralde, de Greenpeace, hicieron hincapié en la dejación de funciones de los responsables públicos cuando tienen que hacer cumplir la normativa a las empresas que las incumplen.

"Tanto unos como otros, los responsables políticos de las administraciones locales, autonómicas y estatales, situan los problemas ecológicos en el lugar 3.152 de sus preocupaciones, por lo estas actuaciones no son prioritarias", señaó el director de Entrecanales, durante un almuerzo con informadores.

José Luis Fernández Rioja, miembro de la Ejecutiva de la FSM y diputado de la Asamblea de Madrid, destacó que la solución a estos problemas vendría a través de la unificación de las diferentes legislaciones que se aplican en cada comunidad autónoma.

Muchas veces, cuando algunas empresas son advertidas de que violan determinados apartados de determinadas normas medioambientales, amenazan con desplazar la factoría a otras regiones con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, según Fernández Rioja.

El parlamentario socialista se mostró partidario de que en las próximas elecciones obtengan algún escaño los ecologistas porque, de esta manera, los temas medioambientales serían más prioritarios para las administraciones.