La OCU ha solicitado que con esa cantidad se constituya un fondo para la prevención del fraude a los consumidores gestionado por el Ministerio de Sanidad y Consumo con la participación de la propia OCU.

En las conclusiones definitivas del fiscal de la Audiencia Nacional, aceptadas por todas las partes en el proceso, se establecen para los acusados penas de prisión de hasta un año por los delitos de estafa y los relativos al mercado y los consumidores.

A la espera de la sentencia definitiva, la OCU se muestra satisfecha con el resultado final de este largo proceso judicial, puesto que, según señaló hoy a Servimedia la portavoz de OCU, Ileana Izverniceanu, "se transmite a la opinión pública que las estafas en materia de consumo no salen gratis".