En el banquillo de los acusados se sentaron el apoderado de la empresa "Pirotécnica Levantina", Eduardo Samper Lledó, y el gerente e hijo del anterior, Carlos Samper Muñoz, además del sargento de la Guardia Civil Saturnino Romero.

Carlos Samper declaró en el juicio que "nuestra empresa no vendió en 1989 material a Joaquín Rigat y el mismo, antes de suicidarse, declaró que compró los petardos a la 'Pirotécnica Alicantina' y no a la 'Pirotécnica Levantina".

Rigalt era el padre de uno de los ocupantes del vehículo siniestrado, que murió a consecuencia de la explosión cuando se dirigía con el material pirotécnico a un bautizo. Se suicidó a los pocos días de ocurrir el suceso.

El gerente de Pirotécnica Levantina declaró que los restos encontrados tras la explosión fueron identificados y no pertenecían a su empresa.

Elministerio fiscal y los 18 abogados de la acusación particular solicitan seis meses de prisión para Eduardo Samper Lledó y Carlos Samper Muñoz, así como indemnizaciones que suman los 275 millones de pesetas, ya que el material que explosionó pertenecía presuntamente a la empresa que ambos regentan.

Además, piden un mes de arresto y cien mil pesetas de multa para el sargento de la Guardia Civil Saturnino Romero por no realizar el control del material transportado a la salida de la fábrica. Al juicio esán citados a declarar 140 testigos.