El alto tribunal ha instado a las partes a que decidan, en un plazo de tres días, si mantienen las acusaciones contra los procesados, siempre que aporten pruebas que no se deriven directa o indirectamente del contenido de las cintas.

Tanto el abogado de IU, Carlos Peralta, como el de UPV, Juan María Bandrés, destacaron hoy que la única posibilidad que les queda es la de ecurrir al Tribunal Constitucional o retirarse del juicio.

En declaraciones a RNE, Carlos Peralta destacó que "tal y como se desarrollaron los acontecimientos, la prueba importante, practicamente exclusiva, era la de las intervenciones telefónicas" y consideró que mantener la acusación tras la anulación de todas las pruebas relacionadas con las escuchas "es intentar que sean absueltos".

Por su parte, Juan María Bandrés, manifestó en El Escorial (Madrid), donde acudió para participar en uno de loscursos de verano de la Universidad Complutense, que no está dispuesto a ponerse la toga "para preguntarles a los procesados por su vida privada porque como acusaciones no podemos hacer nada sin las cintas como prueba".

Los dos abogados coincidieron a la hora de estimar que el Tribunal Supremo había "dado carpetazo" al caso cuando dictó el auto que anuló las grabaciones como pruebas "y recurrir ante la misma sala que lo decidió era perder el caso de antemano".

IU y UPV esperan ahora poder contacta para tomar una decisión conjunta antes del próximo día 9, fecha fijada por el Tribunal Supremo para la reanudación del juicio en el caso de que mantengan sus cargos contra los procesados.