Según anunciaron hoy los representantes de la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (AINCO), en caso de que el instructor Marino Barbero reclame el suplicatorio para proceder contra los aforados, solicitarán que la jueza de Sevilla Pilar Llorente remita las actuaciones del "caso Olero" al magistrado de Filesa "dado que el fondo subyacente es la financiación ilegal del partido socialista".

Los abogados del proceso se personaron hoy nuevamente en el Tribnal Supremo con la intención de acceder a los cerca de 40 cajas de documentación requisada por el juez a lo largo de los dos mese de secreto sumarial, lo que les fue negado porque los peritos contables, el juez y el secretario judicial se encontraban trabajando con ella.

Los letrados podrán solicitar cuantas copias quieran de los documentos sin poder llevarse nunca los originales, que se encuentran guardados en la caja blindada de la sala segunda del alto tribunal.

Tanto el abogado de la acción ppular, Marcos García Montes, como el de Ainco, José Luis Chamorro, aseguraron que, de lo que se desprende hasta el momento del los 3.470 folios de sumario entregados ayer a las partes, existen "indicios racionales de criminalidad de los querellados y de otros muchos que tienen que caer".

Los abogados de Ainco quisieron destacar de entre todos los documentos las dos cuentas de crédito abiertas por el PSOE por valor de 150 y 60 millones de pestas en el BBV, a las que tenía libre acceso la ex coordinador de finanzas, propietaria a su vez de la empresa Distribuciones 2.020, que pagó el alquiler de la sede electoral del PSOE en la calle Gobelas de Madrid, y Tecnología Informática 2.020, que asesoró a Siemens, sociedad adjudicataria del contrato del AVE.

"Esto demuestra una conexión directa entre Aida Alvarez y el PSOE, cuyo objetivo deberá determinar el juez", comentó José Luis Chamorro, que no quiso hacer públicas sus sospechas.

Asimismo subrayaron que la desaparición de los informes encargados pr varios bancos y empresas a Filesa por las que pagaron cientos de millones responde a un acuerdo tácito entre las partes para que no se conservara copia "en base a la confidencialidad de los datos obtenidos", según hizo constar en su respuesta al juez Producciones Dobbs.

Para las acusaciones, esa confidencialidad ha sido "la base esencial del contubernio existente entre las empresas y el PSOE", y destacaron la "brillante instrucción" llevada a cabo por Marino Barbero, "que ha permitido que el edificoque estábamos construyendo continúe avanzando después de varios meses de paralización".

Marcos Garía Montes pidió hoy al magistrado instructor la suspensión de la toma de declaración de la secretaria de Filesa, Lourdes Correas, y los parlamentarios socialistas Carlos Navarro y Josep María Sala, prevista para la próxima semana, al no disponer de tiempo material para preparar los interrogatorios antes de estudiar la documentación recabada por el juez.

Marino Barbero comentó a los periodistas que esa petición "la tiene que meditar el instructor", sin que todavía se haya pronunciado al respecto.

Por su parte, Ainco, que ha presentado una querella contra el fiscal del caso, Antonio Salinas, y el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, por su labor obstruccionista, considera que Salinas no podrá comparecer "por imperativo legal" en los interrogatorios al encontrarse querellado y que deberá ser sustituido por otro representante del ministerio público.