En una nota hecha pública hoy, la acusación spañola replicó las manifestaciones de la ministra de Justicia chilena, quien aseguró que su gobierno no reconoce competencias jurídicas de tribunales españoles en territorio chileno y acusó a los querellantes de intromisión en el proceso democratizador de su país.

El equipo director de la defensa de las partes personadas contra Pinochet y otros altos mandos militares y de la seguridad durante la dictadura chilena, que representa a cuatro mil ciudadanos, apeló hoy al cumplimiento por parte del Gobiern de Chile de distintos tratados internacionales y de cooperación bilateral entre España y Chile en materia de Derecho Penal, Genocidio y Derechos Humanos.

Recuerda asimismo el Tratado de Cooperación y Amistad entre Chile y España, suscrito en 1990, que compromete a ambas partes a respaldar las acciones internacionales destinadas a erradicar el terrorismo.

Por otra parte, señala que la iniciativa de la Audiencia Nacional "carece de objetivo político alguno (...) y se limita a ejercer el derecho viente universal a investigar crímenes de lesa humanidad" cometidos por funcionarios bajo el mando de Pinochet entre 1973 y 1990.

Se calcula que de la persecución política desarrollada por el Gobierno de la dictadura chilena entre esos años desaparecieron centenares de españoles y descendientes de españoles.