Salas, que esta mañana atribuyó el nacimiento de la banda terrorista al Gobierno socialista, continuó su informe con un repaso minucioso de todas las pruebas y declaraciones que constan en el sumario y que también salieron a relucir en el trasncurso de la vista oral.

Para el letrado, las pruebas más importantes se ciernen en torno a las declaraciones efectuadas por los mercenarios portugueses que perpetraron los atentados de los bares "Batxoki" y "Consolation" y que reconcieron a los procesados como los policías que les contrataron.

Al igual que el ministerio fiscal, Salas consideró que esos testimonios se verificaban con las pruebas documentales que muestran que Amedo y Domínguez se registraron con nombres supuestos por las mismas fechas y en los mismos hoteles de San Sebastián, Bilbao e Irún, donde se hospedaron los sicarios antes y después de los atentados terroristas.

Destacó, asimismo, todos los indicios que mostraban la utilización de falsos nombres que fueon utilizados para efectuar reservas de hoteles, pagar facturas de restaurantes y para identificarse en la entrada de bingos y casinos.

Subrayó el hecho de que se le encontrara a Carvahlo Da Silva una bala que, según los informes de los peritos sólo se fabrican para la policía española, y que el mercenario asegura que recogió en el automóvil de Amedo.

Salas llegó a declarar que aquellos descuidos de los policías llevaron al prófugo Francisco Paesa, que se presentó a Blanca Balsategui como miembrodel Ministerio del Interior, que a "Amedo habría que pegarle dos tiros" por los errores cometidos y el compromiso en que les había metido a todos.

Por contra, para el letrado de la acusación particular las coartadas presentadas por el subcomisario frente a esos hechos fueron disparatadas y carecen de valor probatorio, porque "no hay constancia documental".

Sin embargo, manifestó que las declaraciones de Inmaculada Gómez y de Blanca Balsategui (antes de que se retractara), en las que involucrabanlos policías en la muerte de García Goena, sí le resultaban creibles por la cantidad de datos que aportaban "además de que arriesgaban el tipo, ya que podían haber sido acusadas de complicidad".

Fernando Salas hizo además referencia al asunto de los fondos reservados presuntamente desviados por los procesados para su actividad delictiva, basándose en "la tensión que este tema acarreó entre el juez instructor y el ministerio del Interior".

Expresó su convecimiento de que fueron más de 100.000 pestas el dinero entregado al subcomisario Amedo a cargo de estos fondos, "ya que esta cantidad es de uso diario en una comisaría y no requiere ponerse en contacto con toda la cadena de superiores, ni acudir a estas partidas".

Recordó que fue el actual director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, quien informó al juez de que a Amedo le destinaron dinero de esos fondos, dato que se desconocía por completo, lo que le hace pensar que fue un "desliz" de Rodrguez Colorado, que no ocupaba est cargo en la época de los GAL.

A últimas horas de la tarde, continuaba todavía la sesión con la intervención de Fernando Salas y quedaba aún por exponer su parte el otro representante de la acusación popular, José Luis Galán.