Según José Luis Galán, letrado de esa parte, la acusación ha elegido los fundamentos de infracción de Ley y quebrantamiento de forma para presentar recurso, pese a si esta última fórmula es aceptada y la vsita no se celebra antes del 13 de julio de 1992, los procesados deberán ser puestosen libertad provisional, ya que dentro de seis meses cumplirán el plazo máximo de prisión preventiva aceptada por la Ley, que es de 4 años.

Por contra, si la vista del recurso se celebra antes y se decide que se repita el juicio, las partes podrán solicitar una prórroga de la prisión preventiva hasta un límite de 54 años, la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida.

"No somos irresponsables, es un riesgo que asumimos para ser coherentes con nuestra intención de llegar a la celebración e un juicio justo en el que se investiguen los fondos reservados y se llegue a las últimas raíces de los GAL", expresó el abogado, que reconoció que este punto había desanimado a las acusaciones particulares para recurrir.

"Es más positivo para el estado de derecho", añadió, "que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la opacidad del estado que ha sustraido información en la investigación del Poder Judicial, que manetner en la cárcel a Amedo y Domínguez, aunque el valor simbólico de la prisión para elos es también importante".

Galán precisó que los principales motivos por los que la acusación defiende el quebrantamiento de forma se debe a la falta de respuesta a las cerca de 30 preguntas que esta parte dirigió al presidente del Gobierno, Felipe González, y el ministro de Interior, José Luis Corcuera, que sólo contestaron por escrito a seis cuestiones aceptadas.

Además, la acusación popular estima que el tribunal amparó durante el juicio la negativa a contestar de algunos de los testigos, reprsentantes del ministerio del interior y superiores de los policías, principalmente a las cuestiones sobre fondos reservados del Estado, con las que según esta parte, se financiaron las acciones de los GAL.

Asimismo la acusación popular considera que existe una infracción de Ley cuando el tribunal condena por asociación ilícita en vez de pertenencia a banda terrorista en la que Galán afirma tener depositadas "fundadísimas esperanzas", ya que el Tribunal Supremo ya se pronunció en 1987 al confirmar una entencia de la Audiencia Nacional referente al "caso Leiva", en la que condenaba a un miembro de los GAL por pertenencia a banda armada.