En el juicio, que comenzará el próximo martes, día 11 de junio, en la Audiencia Nacional, los letrados que llevarán a cabo la acusación popular, Fernando Salas y Jose Luis Galán, pedirán casi 200 años de cárcel para cada uno de los procesados.

"Sin embargo, a pesar de las graves limitaciones que el Gobierno y los órganos judiciales han impuesto al proceso", dice el comunicado que la acusación popular difundió hoy, "la celeración de este juicio supone ya un éxito de la iniciativa ciudadana contra el terror del Estado".

La investigación de los fondos reservados y de las últimas conexiones y responsabilidades en la trama de los GAL han sido impedidas por el Gobierno, según la acusación popular.

Además de contra el Gobierno, las críticas recaen también sobre los superiores jerárquicos de Amedo y Domínguez, que "por ahora, quedan fuera del alcance de la Justicia", y sobre el propio Tribunal que lleva el caso, por "acepar" las interferencias del Gobierno en su labor.

"Será difícil llegar a esclarecer las acciones criminales de los GAL, que comprometen al mismo Estado de Derecho, y poder incriminar a los responsables políticos, sin cuyo amparo serían inimaginables los crímenes por los que se juzga a Amedo y Domínguez", concluye el comunicado de la acusación popular.