Parra añadió que la dirección general de la Guardia Civil aplicó a los despedidos el artículo 10 de la Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes de 1987, que regula el ingreso en el Cuerpo, como guardia profesional.

Algunos de los guardias civiles fueron defendidos por el abogado de lacentral sindical clandestina, José María Díaz del Cuvillo, que acusó al director general del Cuerpo, Luis Roldán, de "desviación del poder".

El abogado defensor denunció también que Roldán había vulnerado la Constitución (que da derecho al acceso a las funciones y cargos públicos, con los requisitos exigidos en las leyes), ya que ejecutó la orden de expulsión por una orden administrativa y no mediante el procedimiento que debería haberse establecido por una Ley.

Parra Cerezo denunció la inexistenia de una Ley del Estatuto Orgánico de la Guardia Civil, que regule las peculiaridades de este cuerpo de policía, "para que no se produzcan arbitrariedades y abusos de poder por parte de los altos cargos de la Administración".

LOS EVENTUALES

Los guardias civiles afectados forman parte del grupo de los denominados eventuales, que ingresaron en el Cuerpo por tiempo indefinido como cualquier otro funcionario o militar.

Según el SUGC, esos trabajadores superaron la oposición de ingreso en la Beneméita, permanecieron nueve meses en una academia y llevaban un año de servicios prestados.

Los responsables del sindicato clandestino no descartaron que, en los próximos meses, la dirección general de la Guardia Civil despida a otros guardias, "con los mismos planteamientos arbitrarios".

El nuevo régimen disciplinario de la Guardia Civil, aprobado hace pocos meses por el Parlamento, estipula claramente cuales son las faltas y las sanciones leves, graves y muy graves, por las que los miembros de la enemérita pueden ser expulsados del instituto armado.

En el nuevo ordenamiento, la sindicación o la pertenencia a alguna organización de carácter reivindicativo está penada inmediatamente con la expulsión del Cuerpo.