En el texto, firmado por la presidenta de la asociación, María Purificación Rodríguez, Acurema resalta los perjuicis económicos que la huelga de transporte municipal está originando a los usuarios, que ven rebajados sus salarios por llegar con retraso a sus puestos de trabajo.

La presidenta recuerda que además de las pérdidas económicas, los madrileños que por su lugar de residencia no pueden acceder a otros servicios de transporte se ven perjudicados por la imposibilidad de asistir a centros de enseñanza y servicios sanitarios, entre otros.

El colectivo, que se ha expresado reiteradamente en contra de la "hulga salvaje" mantenida por los empleados de la EMT, reconoce que aunque el derecho a la huelga está recogido en la Constitución, ésta también obliga a establecer unos servicios mínimos, que en este caso se están incumpliendo, "dañando gravemente un derecho fundamental del madrileño, como es el de la libre circulación".

El escrito recoge que la situación debería resolverse "por quien tenga competencias para ello, con modificación de los criterios empleados, para que situaciones críticas como la actual o puedan sucederse, previéndose alternativas y soluciones puestas en práctica con mayor rapidez y eficacia que las adoptadas ante esta huelga".

Acurema solicita al Defensor del Pueblo que inicie las investigaciones oportunas y establezca los criterios a seguir ante esta situación, además de efectuar "advertencias o recomendaciones, si hubiera lugar, a los diferentes órganos de la Adminitsración competentes".