La decisión se fundamenta en el estudio del catedrático de la Universidad de Sevilla Alfonso Pérez Moreno quien considera que esta normativa genera inseguridad para los afectados y, además, tiene visos de inconstitucinoalidad, al romper lo principios de igualdad, equivalencia y proporcionalidad en los tributos.

Según Apromer, no se trataría de anular el canon que, como una especie de contribución, tiene que pagar cada año, sino de "su adecuación" a la situación del sector.

En España se producen anualmente más de 23.000 toneladas de pescados de consumo habitual como dorada, rodaballo, lubina, anguila o besugo.