La privatización saldrá a concurso de forma inmediata, y el plazo mínimo de la concesión será de 15 años.

Javier Jiménez Vivar, pimer teniente de alcalde de la corporación soriana y portavoz del PP, justificó la privatización del agua porque servía para "compensar el déficit presupuestario, lo cual permitirá pagar a nuestros proveedores", cuya deuda supera, según fuentes solventes, los 600 millones de pesetas.

Jiménez Viar dijo que esa medida permitirá mantener la calidad del servicio y reducir el coste en 25 millones de pesetas cada año, asi como aminorar en 30 millones anuales los intereses de los créditos que se piden para pagar a los proveedores.

La medida no fue del agrado del PSOE, que acusó al equipo de gobierno -el PP tiene mayoría absoluta- de "hipotecar la situación económica durante los 15 años", al gastarse en el primero el canon impuesto.

Su portavoz, Ricardo de María se mostró partidario de que el ervicio del agua estuviera en manos municipales, lo cual sirvió de detonante para que Jiménez Vivar recordara al socialista que la mayoría de ayuntamientos de su grupo han privatizado el agua.

Por otra parte, los socialistas acusaron al grupo popular de incrementar el precio del agua en un 400 por cien, lo cual fue desmentido por Jiménez Vivar, quién señaló que la privatización sólo incrementa el precio, en el primer año, en dos pesetas por litro.

ENCIERRO SINDICAL

Este pasado jueves hubo distntas reacciones sindicales en contra de la privatización del servicio de agua. Representantes de CSI-CSIF, CCOO y UGT mantuvieron un encierro en las dependencias municipales.

CSI-CSIF y UGT denunciaron el incremento del precio del agua, que cifran en un 20 por ciento y aseguraron que la privatización "ofrece menos garantías".

Por su parte, CCOO aseguró que esas medidas "suponen la transferencia de la plusvalía social a las empresas privadas, la precarización del empleo y un mayor coste de los sevicios.

PRESUPUESTOS

Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Soria aprobó, con los votos del PP, la oposición socialista y la abstención del único concejal del CDS, los presupuestos de 1993, calificados de "restrictivos" por el equipo de gobierno, que ascienden a 3.228 millones de pesetas.

Los socialistas presentaron unos presupuestos paralelos cuyas partidas superaban en 700 millones a las de los populares.

El primer teniente de alcalde, Javier Jiménez, anunció que la puesta en march de la privatización del agua llevaría aparejado un expediente de modificación de crédito, cuya cifra no cuantificó.

La sesión plenaria de la corporación soriana acordó incoar expediente de declaración de conjunto histórico-artístico al casco antiguo de la ciudad y considerar caducado el actual.

Esa decisión supone adecuar la normativa urbanística a la Ley de Patrimonio de 1985. En la actualidad, sigue vigente un acuerdo unánime de los tres grupos municipales de suspender la concesión de licencia en el caso antiguo hasta la aprobación del Plan General de Ordenmación Urbana (PGO) y del Plan Especial del caso antiguo.

Fuentes municipales han señalado que el PGO podría estar aprobado definitivamente antes del verano y el Plan Especial durante el año 93.