Así lo afirmaron hoy en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo los portavoces del PSOE, PP, CiU e IU-ICV, durante la comparecencia del secretario general de CCOO, José María Fidalgo, quien desgranó la propuesta de su sindicato sobre la cobertura de la dependencia.

Fidalgo inició su exposición con la solicitud de que se ponga en marcha ya la cobertura y que ésta sea universal, igual para todo el territorio del Estado y que se apoye en la iniciativa privada.

Las tres ideas de CCOO fueron respaldadas por los diputados presentes en la Comisión, pertenecientes a los grupos parlamentarios de PP, PSOE, CiU e IU-ICV.

La portavoz del PSOE en la Comisión, María José Sánchez Rubio, reiteró que la nueva prestación, que será una nueva pata del Estado de Bienestar, será "de derecho, universal y homogénea en todo el territorio", si bien subrayó a Servimedia que tendrá que contar con el respaldo y la colaboración de comunidades autónomas y entes locales.

Por su parte, el portavoz popular en la Comisión, José Ignacio Echániz, mostró su convencimiento en que la ley tiene que tener la característica de "básica" (igual para todo el territorio nacional), y criticó algunos flirteos del PSOE con las comunidades autónomas y algunos grupos políticos en el sentido contrario.

Mientras, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, reconoció a Servimedia que "el carácter de básico de la nueva normativa no se discute", si bien apuntó que se debe "imbricar" correctamente a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que se ponga en marcha con todas los apoyos posibles y la mejor coordinación, lo que irá en beneficio de los afectados.

Por su parte, desde el grupo parlamentario de CiU, Pere Grau destacó la necesidad de que, dado que las comunidades autónomas pueden completar y mejorar la cobertura por dependencia, también deberían contar con financiación adicional.

Los grupos escenificaron un acuerdo casi total en las líneas generales de lo que debe ser la cobertura por dependencia que, según fuentes del Gobierno consultadas por Servimedia, podría contar con un primer borrador de normativa al inicio del otoño.

COPAGO

En este sentido, el secretario general de CCOO, José María Fidalgo, aseguró que el mejor modelo para la cobertura por dependencia debería partir del superávit de la Seguridad Social (sin tocar el fondo de reserva), a lo que se sumarían los impuestos y el "copago" por parte de las personas con dependencia, que iría ligado a su nivel de rentas.

Según explicó, en un inicio se contaría con el apoyo de la Seguridad Social para poner en marcha el modelo. Una vez consolidado, en no más de cuatro o cinco años, la Seguridad Social dejaría de apoyar económicamente esta cobertura, que sería asumida por el Estado y todas las administraciones mediante la vía de los impuestos, y por los propios afectados, a través del copago.

Para Fidalgo, con este modelo "se garantiza el futuro del sistema", si bien precisó que el copago iría ligado a los niveles de ingresos y, en caso de carecer de rentas, los afectados también tendrían acceso a la cobertura, dado que se trata de una prestación no contributiva y con carácter universal.

En todo caso, CCOO propone que la cobertura sea básicamente asistencial y sólo en casos extremos se pueda complementar con ayudas económicas con modelos como el cheque-servicio, mientras que es necesario impulsar la teleasistencia, los centros de día o las viviendas tuteladas, entre otros.

Por otra parte, Fidalgo considera "imprescindible" implicar en la cobertura por dependencia al sector privado, pero siempre bajo el control del sector público. Además, se generaría un alto nivel de empleo asociado a estas nuevas prestaciones. Los grupos parlamentarios se mostraron de acuerdo en este extremo.

En definitiva, CCOO considera que el nuevo modelo de cobertura debe ser universal, de carácter público, igual en todas las comunidades, con el mismo criterio de consideración de la dependencia en toda España, con copago por parte de los usuarios, que sea preferentemente un servicio y no una prestación, que mezcle inversión y gestión pública y privada, y que tenga un calendario de aplicación que, según el sindicato, debería suponer cobertura para todos los dependientes españoles en un máximo de 10 años.