Así lo ha declarado a Servimedia el presidente del Instituto de Actuarios, Manuel Peraita, quien afirma que "no se trata de intereses corporativos, sino de sumarnos a lo que está sucediendo en países como Alemania, Austria, Francia o Portugal, donde la normativa va recogiendo el papel y las funciones de los actuarios de seguros".

Para ello, el Instituto de Actuarios ha convocado una asamblea extraordinaria que se celebrará en Madrid la próxima semana, en la que los más de 1.400 actuarios deseguros censados en España discutirán el estatuto de su profesión.

En España, la legislación que afecta al actuario (Reglamento de 1959 y Ley del Seguro del 84) sólo alude a que las compañías de seguros deberán calcular las primas, las provisiones técnicas, el incremento de capital de los asegurados y otras cuestiones según cálculos actuariales, pero sin concretar quién está capacitado para realizar dichos cálculos.

La normativa sobre fondos de pensiones sí es un poco más concreta, dado que el Relamento sobre fondos de pensiones establece que los cálculos actuariales deberán ser realizados por profesionales cualificados inscritos en un registro creado al efecto en la propia Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía.

En este punto, pues, los actuarios se dan por conformes, aunque proponen intensificar los controles, actualmente fijados en la elaboración del plan inicial de inversiones, y su posterior revisión periódica cada tres años.