Garaizabal y Rocío Nieto, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la MujerProstituida, comparecieron hoy, entre otros, en la ponencia que en el Senado estudia el fenómeno de la intolerancia, las nuevas formas de esclavitud y la marginación social.

A juicio de la presidenta de "Hetaira", la normativa sobre inmigración actualmente "aboca a que muchas mujeres, para huir de situaciones lamentables y dramáticas en sus países de origen, tengan que agarrarse a mafias y a redes clandestinas como única manera de entrar en este país".

En su opinión, los derechos de que disfrutanconstitucionalmente los españoles "tendrían que ser extensibles a las inmigrantes, así como el derecho a nacionalizarse y trabajar en este país que, por desgracia, tan pronto ha olvidado su pasado emigrante".

Asimismo, durante su comparecencia pidió a los miembros de la ponencia que impulsen la adopción de medidas legislativas por parte del Gobierno para que sea reconocida la prostitución como un trabajo, con sus derechos y deberes propios de cualquier actividad profesional.

En declaraciones en ls pasillos de la Cámara Alta, Cristina Garaizábal consideró que el reconocimiento de la prostitución como un trabajo "es la única manera de combatir parte del estigma que hoy recae sobre ellas y mejorar las condiciones de trabajo que en muchos casos son lamentables".

NIÑOS

Otro de los comparecientes fue Javier Urra, Defensor del Menor, que destacó la intolerancia a que se ven sometidos algunos niños/as en los colegios por razones clasistas o económicas.

Según comentó, "más que de racismo existeuna tiranía de género: se respeta mucho menos a las niñas, al que es gordito, al que lleva gafas o es distinto; es una cuestión más de clasismo o de dinero que de racismo y ahí es donde hay que educar en la tolerancia", apuntó.

Por otra parte, Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, que también compareció en la ponencia, pidió la elaboración de una ley que englobe las legislaciones penal, civil y de recursos sociales, "con el fin de ordenar la normatia actual para que su aplicación en relación con las mujeres en esta situación sea más eficaz".

De igual modo, subrayó la necesidad de revisar desde el punto de vista jurídico el fenómemo de la sustracción de menores por parte de padres o madres extranjeros que, tras separarse de sus cónyuges españoles, abandonan el país con el hijo o hijos respectivos.

Asimismo, otra compareciente, la secretaria general de la Coordinadora Gay-Lesbiana, Gemma Sánchez Ruiz, afirmó que las mujeres lesbianas, entre e colectivo de homosexuales, se sienten más discriminadas si cabe.

Al respecto, puso como ejemplo que la misma ponencia del Senado la citó como representante de este colectivo hace apenas tres días, después de que un portavoz homosexual varón, en una comparecencia anterior, hiciera alusión a esta ausencia del colectivo de lesbianas ante los senadores que la componen.

Sánchez Ruiz reclamó el derecho de las mujeres homosexuales a contraer matrimonio y a tener hijos. "Nosotros luchamos por la plena iualdad de derechos y eso significa el matrimonio, entendiendo que ha de existir también una regulación en las parejas de hecho, porque gays y lesbianas y parejas heterosexuales tienen su derecho a regular su pareja como quieran".

En este sentido, consideró "insuficiente" la ley de parejas de hecho para su caso, "puesto que es un contrato y nosotros queremos el matrimonio como vía para una equiparación total de derechos".