En un comunicado difundido hoy, Bergaz aseguró que "los pasos seguido por el juez Mateos y el inspector de policía, Gerardo Fernández, hasta el momento, evidencian más una actuación motivada por persecución ideológica".

Además, criticó "la ligereza del policía y del juez por haber obviado en el interrogatorio a la mujer acusada las preguntas referentes al supuesto legal al que se acogió para llevar a cabo la interrupción voluntaria de su embarazo. Ambos la consideran una delincuente, sin siquiera investigar si esta mujer estaba cumpliendo con uno de los tres supuestos egales para realizar el aborto".

Por otra parte, Bergaz exigió que los 81 expedientes que aún están en poder del juez Mateos "sean inmediatamente remitidos a la clínica Iris", al tiempo que manifesto su preocupación "por la vulneración del derecho a la propia intimidad y las posibles actuaciones que estos dos sujetos puedan llevar a cabo con los 81 expedeintes todavía en sus manos".

Finalmente, subrayó "que es urgente reformar la actual legislación existente sobre aborto e introducir una ley de pazos que garantice el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad a expensas de las actitudes individuales de algunos jueces y policías, que como en este caso hacen una lectura interesada de la legislación vigente".