La constructora posee un 10% de Iberdrola, pero ya ha comunicado a la CNE su intención de ir más allá de este porcentaje, aunque sin superar el 24,9999% que le obligaría a lanzar una OPA.

La ley vigente desde el año 2000 limita el ejercicio de derechos políticos en empresas del sector energético cuando se esté en más de una compañía, como lo sucedió, por ejemplo, a BBVA, que tuvo que elegir entre permanecer en Repsol o en Iberdrola, decantándose finalmente por la eléctrica.

ACS ha pedido a la CNE una interpretación de la normativa del año 2000 que le permita levantar el límite del 3% para el ejercicio de sus derechos políticos como accionista de Iberdrola, de la que posee el 10%.