Portero señaló que esos malentendidos "se han producido sólo a través de los medios de comunicación", ya que Leopoldo Tores en ningún momento le había dado instrucciones, ni siquiera referencias, acerca de cómo había que llevar las investigaciones relativas al Plan de Empleo Rural.

El fiscal jefe anunció también su total oposición a las diligencias que abrió el juez de instrucción número 6 de Granada, Miguel Angel del Arco, sobre unas declaraciones del presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, y desmintió, asimismo, las informaciones que aseguraban que él mismo había solicitado su remisión al Consejo General del Pder Judicial.

"Unicamente", recalcó Portero, "me he limitado a recordar en dos ocasiones al juez Miguel Angel del Arco que no es él competente para efectuar dichas diligencias por lo que además de anunciarle mi oposición y la del fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, con quien he mantenido varias conversaciones, le insté a que enviara las diligencias al órgano competente, en este caso el Consejo General del Poder Judicial".

Luis Portero manifestó también que el fiscal general del Estado le andó un fax en el que expresaba su oposición radical a cualquier iniciativa que planteara abrir diligencias contra Pascual Sala.

"Esa oposición, que yo también comparto", sostuvo, "se fundamenta en la incompetencia para efectuar las mismas desde el propio Juzgado de Instrucción número 6, puesto que el órgano competente como hemos dicho antes es el CGPJ".

El fiscal jefe afirmó que la situación creada entre Leopoldo Torres y él ha quedado totalmente subsanada, una vez que se han aclarado los malosetendidos, como puede ratificar el propio Leopoldo Torres.

Según Portero, ese malentendido se produjo al interpretar que la iniciativa de abrir las diligencias contra Pascual Sala venían desde la propia Fiscalía del alto tribunal andaluz, cuando no ha sido así.

La propuesta, dejó claro Portero, corrió a cargo del juez Miguel Angel del Arco, quien parece ser que ante esas manifestaciones de Pascual Salas, en la que decía que confiaba en la sensatez de los jueces que investigan el fraude del PER, "sntió perturbada su independencia y en base al artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, está en su derecho de hacerlo".

"Yo, únicamente, le recordéen dos ocasiones, dijo Portero, la incompetencia de su órgano judicial para efectuar las mismas por lo que le exigí que las enviara al organismo oportuno", concluyó el fiscal andaluz.