a ex directora de Enfermería, Pilar Comet, y los médicos radiólogos Ramón Bellosta y Paloma López Marín ya no tienen acusaciones por el fallo del acelerador. Sin embargo, no es así en el caso de los otros ocho acusados: la directora del Hospital, los tres ATS que manejaban el acelerador, su supervisor, las dos físicas de Protección Radiológica y el técnico de General Electric que reparó la máquina.

Tras la lectura de las calificaciones finales, todos los letrados coincidieron en destacar la falta de rsponsabilidad de Pilar Comet en unos hechos cuyo resultado fue la muerte de 20 pacientes fallecidos de los 27 tratados con un exceso de radiaciones en diciembre de 1990.

Juan Monclús, abogado defensor de la responsable sanitaria, se muestra "satisfecho al 66%. Me queda un 33%, que es la directora gerente, sobre la cual se ha rebajado en algunos casos la petición a falta, en otros a delito y en otros se ha retirado, pero el Ministerio Fiscal sigue manteniendo la petición de delito".

En cuanto a la tres ATS inculpadas que se ocupaban del manejo del acelerador, reconoce que no hubo relación causa-efecto entre la reparación indebida y la adscripción de estas enfermeras al servicio.

El fiscal admite, así, la perfecta capacitación de estas profesionales para realizar su trabajo. De esta manera el fiscal ha variado su escrito inicial, en el que solicitaba penas de seis meses de prisión menor para todos los acusados, a excepción de los dos médicos radiólogos, para los que pedía una multa de 80.000 peetas.

En cuanto a las indemnizaciones, el fiscal ha pedido entre 10 y 20 millones de pesetas por cada uno de los afectados, si bien en cuatro casos que se han reservado para acciones civiles, no ha pedido indemnización.

Antes de que el fiscal presentara sus conclusiones, dos abogados de la acusación particular anunciaron que se retiraban y se reservaban para acciones civiles.

Después de un largo debate, la jueza estimó que no podían reservarse para otras acciones civiles porque el momento prcesal para ello había pasado, de manera que les ha pedido a los abogados que reconsideraran su decisión.

Uno de ellos, Alberto Cimorra, optó por retirarse, mientras que el otro, Servando Gotor, se mantiene en el juicio sólo como actor civil, de manera que puede acogerse a las indemnizaciones que fije el fiscal.

José Antonio Visús, abogado de la acción popular, indicó que la situación planteada por Alberto Cimorra y Servando Gotor es muy difícil, "porque en caso de que abandonen la sala, pierden e derecho a percibir cualquier tipo de indemnización".

Visús añadió que "aquí ha habido una pequeña victoria de General Electric y del Insalud, que los ha puesto en estos momentos contra la pared en el sentido de que van a tener muy difícil iniciar en cualquier lugar cualquier otro tipo de acción".