En un comunicado, UPA manifestó que las repercusiones serán especialmente graves para las explotaciones familiares y el empleo asalariado, ya que "no aguantarían la disminución de precios por las penalizaciones".

Los agricultores consideran que el Gobierno es el responsable de favorecer a lo que han invertido en el olivar "con objetivos claramente especulativos, mientras que perjudica gravemente a los que viven tradicionalmente del olivar, haciendo una lectura contraria a la que se le exigió y manifestó de forma multitudinaria en la pasada huelga general del pasado 14 de mayo".

UPA señaló que la aceptación de la propuesta de la OCM de la UE es cada vez más palpable, como lo demuestra "la reunión secreta que mantuvieron el pasado martes 19 de mayo la ministra de Agricultura y el ComisarioFischler, donde practicamente ha podido quedar cerrada la OCM del aceite de oliva".

Según UPA, "las ayudas deberán favorecer en mayor proporción a las pequeñas y medianas explotaciones olivareras que son las que generan empleo y aquellas explotaciones que se encuentran en territorios desfavorecidos, que componen la mayoría del sector del olivar".