El acuerdo tiene su origen en el convenio que suscribieron en su día el ministerio, los sindicatos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para destinar este año 8.177 millones de pesetas para la formación de empleados públicos, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que se presta al ciudadano.

Un total de 367.770 trabajadores de todaslas administraciones del Estado se beneficiarán de esta iniciativa, a través de 400 planes estructurados en 17.188 actividades formativas.