El acuerdo sobre el reparto del fondo adicional para mejorar la prestación de los servicios públicos, que supondrá el abono de una paga en la nómina de febrero a los480.000 empleados públicos del Estado que oscilará entre 17.978 y 24.659 pesetas, dependiendo de las categorías, fue aprobado hoy por la Mesa General de la Función Pública sin el apoyo de UGT.

El pasado mes de septiembre, el ministerio y CCOO y CSIF firmaron un acuerdo sobre retribuciones que supone una subida salarial para todos los funcionarios del Estado del 2% (igual al IPC previsto) y la creación de un fondo adicional de 10.000 millones de pesetas, ampliable hasta 13.000, para mejorar el sueldo d este colectivo.

De esos 10.000 millones, 9.500 millones se destinarán a la paga de febrero, que consolidará a la hora de aplicar la subida salarial del 2001. Los restantes 500 millones y los otros 3.000 se destinarán a los objetivos recogidos en el acuerdo de septiembre de corregir desigualdades, productividad y mejora de la prestación de los servicios públicos, y su reparto se negociará en los próximos meses.

Tras la reunión de la Mesa General de la Función Pública, los responsables de Administación Pública de CCOO, Carlos Sánchez, y de CSIF, Angel Lozano, que informaron sobre el acuerdo después del ministro, para no hacerse la foto juntos y evitar una utilización electoralista del acuerdo, indicaron que la paga de febrero supone de media la recuperación de 6 décimas del poder adquisitivo perdido por los funcionarios en 1999.

Según Sánchez, si a esa cantidad se suman los acuerdos salariales suscritos en algunos sectores de la Administración del Estado (Agencia Tributaria, instituciones penienciarias, sanidad e Insalud), que suman unos 5.000 millones, y los 3.500 pendientes de negociar, la recuperación media es de 1,4 puntos.

Si, además, se agregan los 5.000 millones recogidos en los presupuestos del ministerio para imprevistos, como piden los sindicatos, esa cifra sube al 1,8%, con lo que, según Sánchez, se recupera con creces el 1,1% de poder adquisitivo perdido al desviarse el IPC del 1,8% inicialmente previsto al 2,9%.

SUBIDA SALARIAL

Sin embargo, Acebes se negó a admitir en tdo momento que esto se interprete como una subida salarial para los funcionarios por encima del 2%, como establecen los Presupuestos del Estado, e insistió en que este acuerdo se encuadra en un plan general de modernización y mejora de la Administración, que recoje, entre otros aspectos, incentivos para mejorar la prestación de los servicios públicos.

También insistió en que no hay que buscar ninguna explicación de tipo electoralista al momento en que se ha alcanzado el acuerdo para abonar esta paga alos funcionarios, coincidiendo con la precampaña electoral. Acebes se felicitó por la firma del acuerdo y mostró su confianza en que sirva "para prestar unos servicios públicos cada vez más ágiles, eficaces y cercanos al ciudadano".

Sánchez y Lozano también calificaron de "positivo" el acuerdo, y expresaron su deseo de que el momento electoral no haga que el Gobierno desaparezca de las mesas de negociación y retrase la discusión del reparto de los fondos pendientes.

Por su parte, Julio Lacuerda, esponsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT, que dijo que había acudido a la reunión de la Mesa General "por cortesía y respeto", fue muy ambiguo al explicar las razones por las que UGT no ha firmado el acuerdo, y dijo que, aunque la paga de febrero es aceptable, no permite recuperar el poder adquisitivo perdido en 1999.