El documento firmado consta de ocho puntos que desarrollan medidas concretas que afectaán directamente al ciudadano, tan importantes como la apertura de la oficina judicial durante todo el día, si es preciso, y la elaboración de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.

Según el Ministerio de Justicia, pactaron hoy la definición de un nuevo mapa judicial, la creación de un secretario judicial de Gobierno para cada Comunidad Autónoma con amplias funciones y la puesta en marcha de una Comisión de Cooperación Tecnológica en la Administración de Justicia, entre otras muchas edidas concretas. Además, habrá un nuevo diseño de la oficina judicial con métodos de organización y funcionamiento más modernos.

Los consejeros de Justicia y el ministro manifestaron en dicho acuerdo "la necesidad de impulsar el proceso de reforma de la Justicia a fin de actuar decididamente, y en el marco de sus respectivas competencias, para alcanzar la profunda mejora y la modernización de la Administración de justicia acorde con las necesidades de los ciudadanos". También se comprometieron a estalecer "un escenario de consenso como punto de partida para, desde el diálogo, poner en funcionamiento un modelo global y estable de la Justicia".

JUSTICIA MAS PROXIMA

El primer punto del acuerdo hace referencia al propósito de las Administraciones de elaborar un nuevo mapa judicial que reduzca los retrasos y dilaciones y acerque la Justicia al ciudadano. Para ello, se atenderá al índice real de litigiosidad y se creará el número que sea necesario de juzgados, con demarcaciones más pequeñas y juzgado más cercanos. En ese nuevo mapa, los juzgados de primera instancia serán la pieza esencial de acceso del ciudadano a la Justicia y estarán atendidos por jueces profesionales en el inicio de su carrera.

El Gobierno y las CC.AA. se comprometieron también a rebajar y flexibilizar los límites que ahora existen para la separación de las jurisdicciones civil y penal, atendiendo a la solicitud de la respectiva comunidad autónoma. En el orden civil, este nuevo diseño va a suponer el establecimiento de órgano especializados, como los juzgados mercantiles allí donde el volumen de litigiosidad lo demande.

En el ámbito penal, se buscará una demarcación que permita una relación más estrecha con los cuerpos y fuerzas de seguridad, las del Estado y las de las Comunidades competentes en materia de policía.

NUEVO ESTATUTO DE PERSONAL

En el segundo y tercer punto del documento se encuentran situados los acuerdos relativos al personal. Así, se comprometen a aprobar un nuevo Estatuto del Personal al servicio e la Administración de Justicia que recoja con claridad el reparto competencial entre Estado y CC.AA.

Se establecerán con claridad las distintas responsabilidades de decisión, sobre todo en lo relativo a la dirección, organización y gestión del personal y los medios materiales. Este personal estará integrado por funcionarios de carrera, potenciando su profesionalización y formación continuada.

El documento señala expresamente el mantenimiento de los cuerpos nacionales así como la dependencia de ls secretarios judiciales respecto al Ministerio de Justicia. Precisamente, el tema de los cuerpos nacionales supuso la única discrepancia en el acuerdo, señalada en un voto particular de los representantes de País Vasco y Cataluña, que firmaron el acuerdo votándolo a favor.

En el acuerdo se detallaron todas las novedades que afectarán al personal al servicio de la Administración de Justicia, tales como los registros de personal, los concursos de traslado, la redistribución de efectivos, el régimen disiplinario, la declaración de incompatibilidades, etc.

En este capítulo del personal se recogió el importante asunto de la jornada y el horario. Las Comunidades Autónoma determinarán el horario fijo y flexible, así como los mecanismos de control, siempre dentro del general establecido por el Ministerio.

El documento realiza una mención especial a los secretarios judiciales, cuyo cuerpo se estructurará jerárquicamente, modificando sus competencias y funciones. Existirá un secretario de Gobierno en ada Comunidad que se designará a través del sistema de libre designación por el Ministerio a propuesta de la propia Comunidad Autónoma y cuyas competencias serán de inspección, control estadístico y comunicación de instrucciones al resto de secretarios de su territorio.

OFICINAS JUDICIALES MODERNAS

El cuarto punto del acuerdo es el relativo a la Oficina Judicial, que será reformada en profundidad con arreglo a criterios de calidad, agilidad y eficacia. Aquí es donde se recoge la garantía de que los uzgados podrán llegar a funcionar durante todo el día cuando sea preciso.

Además, se delimitarán los servicios de apoyo a cada órgano judicial y los servicios comunes o compartidos por distintos jueces o tribunales y se modernizarán los métodos de trabajo con una introducción realista de las nuevas tecnologías.

Aquí también tendrán responsabilidades las Comunidades en el diseño, la creación y la organización de las oficinas comunes de tramitación, embargos, notificaciones, asistencia al ciudadano y podrán hacer uso de su flexibilidad creadora y organizativa.

DERECHOS DEL CIUDADANO

En quinto lugar, Estado y CC.AA. se comprometieron a poner en marcha una "Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia" que atienda a los principios de transparencia, información y atención adecuada.

El borrador se someterá a la Conferencia Sectorial y entre sus criterios figurarán la eliminación en lo posible de las suspensiones de los señalamientos, el uso de un lenguaje sencillo y claro, la total iplantación de Oficinas de Atención e Información al Ciudadano y la mejora de la asistencia a las víctimas de delitos violentos así como de la asistencia jurídica gratuita.

En sexto lugar, el documento firmado se refiere a la financiación de la reforma, "que está requiriendo un esfuerzo económico y presupuestario que deberá prolongarse durante los próximos años. Ambas administraciones -continúa el texto- se comprometen a realizar conjuntamente una valoración del coste global de la reforma, así como a ipulsar un acuerdo para su correcta financiación en los plazos que se determinen y dentro del Pacto de Estado".

COOPERACIÓN TECNOLÓGICA

El séptimo punto del acuerdo contenido en el documento se refiere a cuestiones presupuestarias y a las nuevas tecnologías, y supone el compromiso entre las Administraciones de desarrollar y generalizar su uso en la Administración de Justicia y en el seno de toda la comunidad jurídica.

Para ello, se creará una Comisión de Cooperación Tecnológica en la Administracón de Justicia, que será un foro de participación de todas las instituciones implicadas y de la que se pedirá que forme parte al Consejo General del Poder Judicial.

En último lugar, el Ministerio y las Comunidades acordaron defender la conferencia Sectorial como el ámbito idóneo para coordinar acciones, así como para impulsar y desarrollar las reformas necesarias para completar el proceso de modernización de la Justicia.