Preguntado por las recientes decisiones judiciales sobre el "caso Liaño" y sobre la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997, Acebes afirma: "Yo no creo que se trate de un pulso del Poder Judicial a los otros poderes. Pero lo que sí es cierto es que ningún poder puede limitar las competencias de otros y que cada uo de ellos ha de estar sometido a la Ley, al ordenamiento jurídico y al Derecho, lo cual nos vincula al Ejecutivo, al Legislativo y también al Poder Judicial".

"Lo que no puede ser es que se empiece cuestionando el derecho de gracia del Gobierno y se acabe negando la aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada por el Congreso, y ello por tribunales que no tienen competencia para hacerlo", agrega.

REFORMA DE LA JUSTICIA

Tras reiterar que el Gobierno va a recurrir la resoluión sobre Liaño y la sentencia sobre los funcionarios, el ministro anuncia su intención de afrontar una reforma en profundidad de la Justicia.

Según Acebes, el Gobierno presentará en las próximas semanas un proyecto con la dotación presupuestaria necesaria, que incluye la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como de las leyes procesales, como la de Enjuiciamiento Criminal, "con el objetivo de garantizar la independencia de los jueces y de los tribunales, su profesionalidad y su sometimieto a la Ley y al Derecho, así como la división de poderes".

La reforma abordará "la responsabilidad de los jueces, la inspección de los tribunales y la reorganización de la propia oficina judicial para hacer posible su modernización y mayor agilidad, de manera que los juicios se resuelvan con rapidez sin detrimento de las garantías de los ciudadanos".

Dentro de esta propuesta se incluirá el cambio del sistema de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, mediante su eleción por parte de los propios jueces. De cualquier forma, Acebes afirma que buscarán el consenso para que el sistema que se elija finalmente sea estable.

En relación con esta cuestión, el ministro anuncia que próximamente iniciarán un diálogo con las asociaciones de jueces, ya que su objetivo es "intentar que sea una reforma lo más acordada y consensuada posible con los grupos parlamentarios y con todos los que intervienen en la Justicia".

"Pensamos que el instrumento deseable para conseguirla es n gran pacto por la Justicia, que se conseguirá si todos anteponemos el interés común a nuestros intereses particulares", agrega.