En su opinión, los partidos políticos, la Administración y el resto de instituciones cívicas deberían analizar la posibildad de acabar con el carácter excepcional con el que el Gobierno aplicó la regularización laboral y de residencia de inmigrantes que se encontraban ilegalmente en España.

Conde Pumpido señaló que las condiciones de vida de esta población en Andalucía exige medidas contundentes, y señaló la falta de una vivienda digna, de agua corriente, electricidad y del derecho a la educación, como las carencias más graves a las que deben enfrentarse.

El Defensor del Pueblo Andaluz señaló que las dificultades pra dar a estas personas una vivienda digna son aún mayores a las que presenta la necesidad de facilitarles un empleo.

Además, indicó que existe un proceso de reagrupación familiar muy escaso entre los inmigrantes que han logrado regularizar su situación en España, lo que representa una dificultad añadida a los problemas de esta población que deben solucionar la Administración, los partidos políticos y el resto de ciudadanos mediante colaboración.

También advirtió que nadie debe automarginarse o mstrar actitudes xenófobas por la querencia de estas personas a reEncontrarse con sus familias dispersas, y señaló que este objetivo sólo puede lograrse sin problemas mediante la comprensión de toda la sociedad.