Se trata de una norma que limita los derechos políticos de las empresas extranjeras con participación pública en el sector energético español.

El presidente de esta organización, Joaquín Ferrer, declaró a Servimedia que, a su juicio, esta sentencia es adecuada porque esa ley "pone impedimentos a los accionistas ycoarta la libertad del mercado".

Ferrer se declaró en contra de que se introduzcan trabas a las opas, "tanto a las empresas extranjeras como a las españolas". "Me parece mal todo lo que sea judicializar los temas de empresa", dijo.

Finalmente, se mostró "de acuerdo con la sanción a cualquier país que haga normativas en contra del libre mercado", ya que las ofertas que se lanzan sobre una compañía son "las que más las ponen en valor". "El accionista es el que debe decidir si quiere vender, comprar o mantener su participación", concluyó.