Según las conclusiones de esta acusación, que solicita un total de 23 años para los ocho guardias procesados, los hechos no se reducen a lo acaecido el 16 de abril (día en el que murió el trabajador), sino que su actuación fue "brutal durante todas las movilizaciones que llevaron a cabo los trabajadores de la localidad contra el proceso de reconversión industrial.

Para Teodoro Mota, letrado de la asociación, que presentó hoy públicamente en Madrid las conclusiones del juicio, el hecho de que la Guardia Civil desplazara 1.500 agentes para vigilar una localidad de 30.000 habitantes supuso "una toma militar" y la represión ejercida un atentado contra los derechos civiles de los ciudadanos.

El abogado no dudó en afirmar que la acuación de la Benemérita respondió a un plan elaborado por el delegado del Gobierno, Antonio Pallarés, como represalia por agresiones anteriores.

Así, las conclusiones de la acción popular recuerdan que días antes de la muerte del trabajador, la multitud rodeó, durante una de las manifestaciones que se realizaban todas las tardes en la localidad, a un grupo de guardias civiles, a los que zarandearon y quitaron las armas.

Las fotos fueron publicadas en los medios de comunicación acompañadas de cometarios irónicos "que significaron el agravamiento del conflicto", según cita el texto. Como muestra, señalan que en una de las tanquetas de la Guardia Civil apareció una pintada que decía: "Ramiro te hemos vengado".

En este ambiente sitúa la acción popular, que estará representada por el abogado Javier Gómez Acebo, los acontecimientos del día 16, cuando los trabajadores levantaron una barricada sobre la vía férrea, cerca de Matamorosa.

El teniente coronel Pablo Monje, que vigilaba la operación dede un helicóptero, recibió órdenes directas del delegado del Gobierno para que sus hombres intervinieran.

Gonzalo Ruiz García, de 33 años, que observaba a distancia los incidentes, fue golpeado por una pelota de goma lanzada por los guardias, que le fracturó la nariz. Por este motivo, corrió a refugiarse junto a otras tres personas en un garaje cercano, del que era copropietario.

En ese momento, dos agentes de la tanqueta "Tango 3" se aproximaron al local y lanzaron botes de humo y lacrimógenos, pese a que en los manuales de uso se avisa de que esos botes no se utilicen en lugares cerrados o que no estén bien aireados".

La acción popular destaca que, cuando los trabajadores salieron del local fueron conducidos a comisaría, donde permanecieron detenidos durantes dos horas, a pesar de que Gonzalo Ruiz estaba herido.

Este fue trasladado posteriormente al ambulatorio de la Seguridad Social de Santander, donde le dieron de alta, pero falleció el día 5 de mayo por insuficencia respiratoria agua, causada por inhalación de humos tóxicos, según consta en el informe de la autopsia.

El fiscal consideró los hechos constitutivos de un delito de imprudencia temeraria, responsabilizando tan sólo a los guardias civiles que efectuaron los lanzamientos de los botes, Juan Anthonisen Varon y Eugenio Legasa Herrera, para los que pide seis meses y un día de prisión menor.

La acción popular recurrió el auto de procesamiento y pidió que la causa se extendiera a todos los componentes de la tanqueta y su superiores jerárquicos, incluyendo al director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y al delegado del Gobierno, contra quienes presentaron la querella.

La sala accedió a ampliar el procesamiento al teniente coronel, al capitán Alvaro Gutiérrez, y al resto de los componentes de la tanqueta: Antonio Gutiérrez Arenas, José Luis Serrano Gallego, Hilario Corral Rodríguez y Juan Carlos de Dios Martín.