La Comisión Europea entiende que es contrario al Tratado de la Unión la facultad del Gobirno, a través de la acción de oro, de vetar operaciones estratégicas en empresas que fueron públicas y que ahora están privatizadas.

Por asuntos similares a los de España ya han sido denunciados ante el Tribunal de Luxemburgo países como Francia, Portugal y Bélgica y ha sido condenada Italia, por su intervención en la petrolera ENI y Telecom Italia.

Recientemente, España advirtió de que vetaría la fusión de Telefónica con la holandesa KPN, alegando que esta empresa mantenía una parte de su accionriado en manos del Gobierno holandés. Según el Ejecutivo español, esa acción de oro no va contra las leyes del mercado interior.