CiU apoyó en su día la acción de oro del Gobierno, tanto cuando la impulsó el PSOE como con el PP, indicó Sanchez Llibre. "En definitiva, se trataba inicialmente de posibilitar que estas empresas de interés público no cayeran en manos de compañías extranjeras", indicó.

Tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, CiU considera que, "una vez que ya está prácticamente transcurido el plazo de liberalización de estas empresas públicas, como Repsol YPF, Endesa y Telefónica, y siempre y cuando esta sentencia se extienda al ámbito de la UE, pienso que España ya está preparada para que, en aplicación de esta sentencia, el Gobierno ya no tenga la potestad última de impedir la entrada de algún socio incómodo".

Sanchez Llibre reiteró que "quizás en estos momentos ya no es necesario que exista en estos momentos en España este tipo de acción".