De acuerdo con este informe, ese coste de la siniestralidad en las carreteras es el resultado de los costes hospitalarios (187 millones de euros), los de rehabilitación no médica (246 millones), las pérdidas netas de producción (2.133 millones), los daños materiales (5.870 millones), los costes administrativos (1.190 millones) y los costes humanos.

La valoración económica de estos últimos es d 912 millones de euros si se computan las indemnizaciones pagadas por las aseguradoras a las víctimas y a sus familiares, y asciende hasta 4.858 millones de euros si se aplican otras metodologías, según el informe.

Los autores del estudio analizaron los factores que pueden mejorar la seguridad vial, en cuestiones como la renovación del parque de vehículos, evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y la inversión en infraestructuras viarias.

A su juicio, el control del consumo de alcohol e el campo en el que más avances se pueden lograr. "Mientras que sólo un 3,6% de los conductores que circulan por las vías presentan, probablemente, una tasa de alcoholemia superior a la permitida, el 30% de los conductores fallecidos superan el contenido de alcohol permitido. Reduciendo a la mitad el número de conductores con una tasa de superior a la máxima permitida, podría conseguirse una reducción del 20% del número de accidentes", indican los autores.

Asimismo, el informe señala que la reducción e ocupantes de vehículos fallecidos que se conseguiría con un parque de turismos completamente nuevo estaría entre el 30% y el 40% aproximadamente.

En cuanto a la mejora de infraestructuras, indican que está demostrado el efecto positivo de las vías de gran capacidad (autopistas y autovías), frente a las vías convencionales, con unos índices de víctimas por kilómetro recorrido entre un 50% y un 60% inferiores.