El informe se centra en los costes "cuantificables" de los accidentes de trabajo, sin entrar en otros "inconmensurables", según el secretario cofederal de Salud Laboral de CCOO, Joaquín Nieto.

En 2002, murieron en accidente de trabajo 1.104 personas, la cifra más alta de la historia, y resultaron heridos graves otros 11.721 trabajadores y leves 936.071 más.

El informe elaborado por Comisiones Obreras divide los costes en explícitos (coste de las jornadas de trabajo perdidas y de la cobertura de riesgos profesionales), que supone 6.527 millones de euros, y hace una estimación -costes implícitos- de lo que supondrían esos factores en colecivos como autónomos, funcionarios y economía sumergida, resultando 5.461 millones de euros más.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que cita CCOO, en 2002 se perdieron un total de 21.597.604 jornadas de trabajo. Si se considera un coste medio por hora de 8,62 euros (dato del Instituto Nacional de Estadística) y se coge como jornada de referencia la de ocho horas, sale un coste total de 1.489,3 millones de euros por este concepto.

En cuanto a las cuotas por contingencias por Acidente de Trabajo y Enfermedad Profesional que se pagan a las Mutuas y al Instituto Nacional de Seguridad Social, su importe en 2002 ascendió a 5.038 millones de euros.

Estos son los gastos perfectamente medibles, según explicó el secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras, pero la repercusión es mayor si se tienen en cuenta otros colectivos.

Aplicando la misma receta a trabajadores autónomos (2.628.400 personas) y al conjunto de la economía sumergida (2.176.257, según datos de CCOO), sal un coste de 2.353 millones de euros más.

El personal de la Administración del Estado afiliado a Muface (792.131 personas a finales de 2002) no cotizan diferenciadamente por riesgos profesionales. Utilizando el criterio aplicado a autónomos y economía sumergida, se suman otros 388 millones de euros, con lo que el coste de los tres colectivos es de 2.741 millones de euros.

Pero CCOO va más allá y, tomando en cuenta un informe de la Universidad Pompeu Fabra del año 2001 que concluye que el 16% de ls procesos del Sistema Público de Salud tiene un origen laboral, se estima un coste de 2.176 millones de euros derivado de estas enfermedades, cuyo origen laboral "no reconocen" ni empresarios ni mutuas y debe ser sufragado "por todos" vía impuestos.

Si se aplica ese mismo porcentaje, del 16%, a las prestaciones económicas pagadas por el Instituto Nacional de Seguridad Social en concepto de Incapacidad Temporal y Permanente, habría que añadir otros 441 millones de euros.

Por último, las empresas uvieron que pagar en el año 2002 un total de 103 millones de euros por las sanciones que les impuso la Inspección de Trabajo por incumplimientos de las normas de prevención de riesgos laborales.

Sumando todos los conceptos: 1.489 millones de euros por jornadas perdidas; 5.038 millones por la cobertura de riesgos profesionales; 1.288 millones de autónomos; 1.065 de economía sumergida; 388 de afiliados de Muface; 2.617 de gasto del sistema de salud con origen en enfermedades laborales; y 103 de las sancones de la inspección, sale un coste total de 11.988 millones de euros.

INCONMENSURABLES

Nieto incidió en que hay costes que no se pueden medir, como la pérdida de expectativas laborales, el sufrimiento humano y sus consecuencias en la vida familiar o la pérdida de vidas humanas.

Tampoco se ha tenido en cuenta el impacto sobre las arcas del Estado de las jubilaciones anticipadas en actividades penosas; el paro generado o las dificultades de los accidentados para encontrar trabajo; el coste de oortunidad del cuidado familiar o el empobrecimiento de los hogares por la pérdida de ingresos.

El estudio deja como resultado que el coste de los accidentes supone el 1,72% del PIB, cuando la media europea está entre el 2,6% y el 3,8%, según datos de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Nieto indicó que, considerando todos esos factores, España estaría mucho más cerca del 3,8% que de la cifra inferior de la UE.

El dirigente de CCOO resaltó que la siniestralidad laboral habra que perseguirla de por sí, pero que las empresas deberían considerar, además, el coste que les suponen los accidentes de trabajo.

Debe "cambiar" la orientación empresarial, que los patronos "se den cuenta de que están perdiendo mucho dinero". Además, las autoridades laborales (de la administración central y de las autonomías) y el sistema judicial deben velar por el cumplimiento de las normas.

Nieto apuntó que CCOO apoyaría una eventual reforma de las tarifas de riesgos laborales y la implantacón de un sistema de "bonus/malus" siempre que la recaudación "se mantenga".