Esos accidentes son 3.179 más que los contabilizados en el mismo mes del año 95, lo que supone un aumento del 6,5 por cien en las primeras semanas de aplicación de esa ley, que eleva de 15 a 100 millones de pesetas la sanción máxima por faltas cometidas contra la seguridad en el trabajo y tipifica con mayor rigor las medidas a adoptar para proteger la integridad de los empleados.

De los accidentes con baja registrados en febrero, 51.181 tuvieron la consderación de leves, 876 graves y 85 resultaron mortales.

Si a ellos se añaden otros 3.297 siniestros ocurridos 'in itinere', al ir o volver del trabajo, que también tienen la calificación de laborales a efectos del cobro de indemnizaciones y pensiones, los accidentes mortales fueron 110, tres más que en el mismo periodo del año precedente.

La cifra acumulada de accidentes con baja médica en los dos primeros meses del año se situó en 100.498, frente a 92.982 del periodo enero-febrero de 1995, y de llos 215 resultaron mortales, dos menos que en el primer bimestre del ejercicio anterior.

EMPEORO EN TODOS LOS SECTORES

Por lo que se refiere a la evolución de la siniestralidad laboral por sectores durante el mes de febrero, en todos ellos se incrementaron los accidentes con baja médica, que totalizaron 19.620 en los servicios, 18.763 en la industria, 10.168 en la construcción y 3.591 en la agricultura.

La única comunidad autónoma en la que descendió el número de accidentes con baja fue Madrid en donde pasaron de 5.742 a 5.295. La comunidad autónoma con más siniestros fue Cataluña, con 10.994, seguida de la Comunidad Valenciana, con 6.923; Andalucía, con 6.890; Madrid, con 5.295, y el País Vasco, con 3.551.

El resto se produjeron en Castila y León (2.642), Canarias (2.181), Asturias (1.978), Castilla-La Mancha (1.853), Murcia (1.837), Aragón (1.557), Baleares (1.289), Navarra (880), Extremadura (751), Cantabria (527), La Rioja (346), y Ceuta y Melilla (87).

Los anteriores responsablesdel Ministerio de Trabajo, cuando lo dirigía José Antonio Griñán, cursaron instrucciones a los inspectores para aplicar inicialmente la ley con cierta flexibilidad, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, y no imponer sanciones hasta que cuenten con información suficiente, a fin de evitar multas masivas.

La nueva ley establece que las empresas deberán evaluar todos los posibles riesgos para el trabajador. La norma tipifica la posibilidad de que un empleado pueda paralizar un proceso prodctivo, abandonar o interrumpir su actividad si considera que hay un riesgo inminente para su salud, "siempre que no pueda ponerse en contacto con un superior inmediato". Esta misma facultad se reconoce también al comité de empresa.