Este organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, abrió por esos 3.879 contratos fraudulentos detectados otras tantas actas de sanción a los empresarios que los hicieron, a quienes se impuso 2.182 millones de pesetas en multas.

Estos datos reflejan que en el 2000 aumentó el fraude en este tipo de contrataciones repecto 1999, cuando la Inspección actuó en 12.925 casos y detectó 2.915 situaciones irregulares, un 22% del total.

La mayoría de las sanciones impuestas se concentran en Murcia, Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante y Las Palmas. Con datos provinciales desglosados entre enero y agosto del año pasado, Murcia fue la provincia con más casos de fraude sancionados (422), seguida de Madrid (416). Sólo en cuatro provincias no se detectó ningún caso de irregularidad en la contratación de inmigrantes: Alava, Cácees, Córdoba y Huelva.