Promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la nueva ley responde a la necesidad de dotar de ordenación normativa a la accesibilidad cognitiva, que se define como “la característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la fácil comprensión y la comunicación”.

La modificación normativa define la accesibilidad cognitiva, dentro del marco general de accesibilidad universal; establecerá los ámbitos, condiciones y plazos en los que será exigible; creará el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva; incluirá esta nueva dimensión en el Plan Nacional de Accesibilidad y habilitará al Gobierno de España para abordar distintos desarrollos reglamentarios en la materia, entre otras cuestiones.

Con esta nueva legislación, que ha contado con la unanimidad de las fuerzas políticas parlamentarias, España avanza en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad en la línea marcada por el artículo 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de marzo, con la inclusión de todas enmiendas incorporadas por el Senado, esta modificación normativa para garantizar la accesibilidad cognitiva.

Promovida por el Cermi, inició su tramitación hace casi dos años en el Senado, impulsada por Ciudadanos. Tras su toma en consideración en la Cámara Alta en junio de 2020, la proposición pasó al Congreso de los Diputados, donde estuvo bloqueada varios meses hasta que finalmente salió adelante por consenso, tras incorporar varias enmiendas transaccionales promovidas por el PSOE y Unidas Podemos.

De vuelta en el Senado, el informe elaborado por la ponencia incluyó varias enmiendas para recoger en el preámbulo una definición de accesibilidad cognitiva y de lo que se entiende por lectura fácil; la aprobación del segundo Plan Nacional de Accesibilidad, dirigido a que todas las administraciones “acometan de forma paulatina la transformación de sus productos y servicios" que garanticen que son 100% accesibles a todas las personas con discapacidad, y ciertas modificaciones referidas a las competencias autonómicas.