Argumentan los académicos que, tanto por lo dispuesto en el decreto de 1940 que declara conjunto histórico-artístico a la ciudad, como la calificación de Patrimonio de la Humanidad otorgada por la Unesco, la construcción supondrá un atentado urbanístico.

Dicen que la intención de los gobernantes de Toledo está en contradicción con la filosofía de las dos declaraciones mencionadas, y demuestra un escaso iterés por respetar el medio histórico y artístico de Toledo.

Las mismas fuentes aseguran que el recinto histórico no debe ser modificado salvo para conservar los edificios existentes o reponer los desaparecido, pero siempre de forma que no desentone del entorno arquitectónico.

En ningún caso ha previsto nadie hacer dentro del recinto amurallado un museo de las futuras arquitecturas, como es el caso del edificio que será la sede de la Consejería de Agricultura.

Dicen los académicos que despué de demostrar que el edificio en construcción no se ajusta a lo instruído en otros documentos legales de 1965 y 1968, aún vigentes, carece de justificación la negativa de las autoridades municipales a instalar el edificio en las afueras de la ciudad.

Las mismas fuentes aseguran que el proyecto viola las normas establecidas para las cubiertas, número de plantas y la fórmula de intentar encajar este "edificio monstruo" de manera forzosa dentro de las murallas.

El gracejo popular ha bautizado al ediicio como "Bono-Buque" en alusión a su forma y al nombre del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Bono, que es el promotor del proyecto.

"El 'Bono-Buque' será para el futuro un magnífico testigo de la incapacidad y del error de unos políticos que en este caso han cometido un desatino mayúsculo", según aseguró uno de los miembros de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas.