La fiscal había solicitado penas de 4 años y dos meses de prisión, así como de 10 años de inhabilitación especial para los tres médicos.

Sin embargo, la sentencia exculpa al director de la clínica, Eugenio Cibieta Rojas, por no haber quedado demostrado que participara en la realización del aborto; al ginecólogo que lo practicó, Antonio Martín Santos, por haber actuado correctamente y al amparo de la ley; y a la psiquiatra Norma Emma Menéndez, por la aplicación del principio "in dubio pro reo",al no haber sido demostrada la falsedad del informe alegada por la acusación.

En este sentido, el tribunal destaca en la sentencia que el informe emitido por esta psiquiatra, que los médicos forenses calificaban de "impreciso y vago", no es totalmente falso, pues tanto la mujer que abortó como su marido afirmaron que ella se hallaba sometida a tratamiento por depresión y que había decidido abortar porque estaba muy angustiada.

Asimismo, la sentencia indica que la mujer firmó la autorización para ue se le practicara el aborto habiendo sido informada de que había peligro para su salud psíquica, aunque ella mantuvo durante el juicio que los médicos no le habían informado de que el feto estaba en perfectas condiciones y de que no presentaba malformaciones, como en un principio le había dicho su médico de cabecera.