Según Dolores Ramos, responsable de la campaña contra la incineración, "esta absolución supone una doble alegría para nosotros porque confirma la legalidad de las actuaciones ecologistas y es un enorme paso adelante contra la incineración".

La empresa Sirusa, que gestiona la incineradora, pidió en el juicio una indemnización demillones por daños y 9 millones por perjuicio a su imagen.

"Es la incineración la que daña la salud de los ciudadanos y esperemos que llegue pronto el día en que sean los contaminadores los que se sienten en el banquillo de los acusados", declaró Romano.

Greenpeace reiteró hoy su intención de continuar la lucha contra la incineración de residuos, y su objetivo de cerrar definitivamente la incineradora de Tarragona y todas las que funcionan en el territorio del Estado español.

Los ecologista advierten que la incineración es una tecnología altamente contaminante que no elimina el problema sino que lo dispersa en la atmósfera, a través de las emisiones tóxicas de metales pesados y compuestos organoclorados, como las temidas dioxinas (el veneno de Seveso).

Eduardo Rodríguez-Farré, director del Departamento de Toxicología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, acudió al juicio para realizar un peritaje en apoyo de los acusados de Greenpeace, y contra la incineradora. No obstant, no le fue permitido entrar al juicio.

Asimismo, diversos colectivos ecologistas, vecinales y ciudadanos mostraron su solidaridad con los acusados y pidieron el cierre de la incineradora de basuras de Tarragona.

"Miles de toneladas de residuos tóxicos se están vertiendo impunemente a diario a los ríos, la atmósfera y el suelo de este país. Los responsables de esta contaminación siguen libres e incluso son considerados personas respetables", concluyó Romano.