El caso se inició con el desdoblamiento de la carretera N-IV (Madrid-Andaluía). Aquellas obras implicaron que se cambiara el trazado de la autovía y la carretera dejara de pasar por el centro de la localidad de Santa Elena.

Para amortiguar las pérdidas económicas en la población, se puso en marcha la idea de crear una gran área de servicio en Despeñaperros. Para tal fin se constituyó en 1986 la Sociedad Pública "Puerta de Andalucía", cuyo capital suscribieron la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Santa Elena.

Esta empresa pública cedió el usode unos terrenos junto a la autovía a la empresa Area de Servicio de Despeñaperros durante 50 años para que construyera dicha área de servicio. Sin embargo, el Gobierno Civil de Jaén ordenó la paralización de las obras en marzo de 1990, porque incumplían la Ley de Carreteras, ya que se estaba construyendo muy cerca de la autovía.

Tras la paralización, la empresa Area de Servicios de Despeñaperros demandó al consejo de administración de "Puerta de Andalucía", por lo que fueron acusados un gran número d altos cargos públicos de la Junta andaluz, la Diputación y el Ayuntamiento de Santa Elena.

Al encontrarse entre ellos varios diputados andaluces, el caso pasó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que exculpó a la mayoría de los implicados el año pasado.

El sumario pasó al Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén, que también exculpó a otros acusados, quedando sólo los dos juzgados por la Audiencia de Jaén, Noguera y Cabeza.

El tribunal de la audiencia jienense desestimó las peticioes del fiscal, que solicitaba 6 meses de prisión menor y más de 44 millones de pesetas de indemnización para cada uno. Tampoco se ha atendido a la acusación particular, que solicitaba 10 años de cárcel a cada uno de los acusados.