El tribunal considera probado que Mikel Castillo llevaba un arma cuando huía de su perseguidor por la calle del Carmen, en el casco antiguode la capital navarra, donde cayó mortalmente herido el 18 de septiembre de 1990.

Los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Pamplona califican los hechos como constitutivos de un delito de homicidio, por cuanto los disparos efectuados por el policía produjeron la muerte de Castillo, si bien aprecian la circunstancia eximente de legítima defensa.

El dictamen considera que el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía no cometió un delito de asesinato, tal como mantenían los famliares de Castillo y la acusación particular, que habían pedido una pena de 30 años de reclusión mayor.

Los fundamentos de derecho de la sentencia explican que, por la distancia de los disparos efectuados (entre 7 y 12 metros) y la dirección (uno impactó a 1,80 metros de altura y otro a 1,37 metros), el procesado sabía "que podía causar la muerte de su perseguido, no obstante lo cual aceptó aquella probabilidad y la consintió".

Sin embargo, tal y como solicitó el ministerio fiscal, los magistrado aplicaron la eximente de legítima defensa, al considerar que Rafael Navarro no podía saber que el arma que llevaba Mikel Castillo estuviera encasquillada y que su conducta al volverse hacia el policía era "claramente amenazante", por lo que pensó que su vida corría peligro.

En los fundamentos de hecho, la sentencia recoge el testimonio aportado dos días después de los hechos por el miembro del "Comando Amaiur" de la banda terrorista ETA Bautista Barandalla, cuando señaló que había entregado a su compñero Mikel Castillo un arma antes de que llegaran los policías.

El tribunal rechaza, por considerarlos "contradictorios", otros testimonios de testigos de la acusación particular que afirmaron que Castillo iba desarmado.