La patronal agraria andaluza acusaba al alcalde de Marinaleda de paralizar las almazaras de aceite del pueblo sevillano de Herrera durante la huelga de la aceituna en diciembre de 1991. La Sección Cuarta de la Audiencia sevillana recoge en su resolución que el delito de coacciones ha de considerarse de form más tolerante en periodo de huelga.

Según la sentencia, no se puede emplear mayor energía penal en la protección al derecho de no participar en la huelga que en la tutela del derecho al ejercicio de huelga. En los supuestos en los que no se produzca violencia el posible exceso en la persuasión de los trabajadores que no van a la huelga no debe considerarse como un delito.

La Sección cuarta admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el líder jonalero en contra de la sentencia que lehabía condenado a 4 meses y un día de arresto mayor. El fallo judicial considera que los piquetes durante los tiempos de huelga gozan de una margen más amplio para presionar a los trabajadores.

Con esta resolución Juan Manuel Sánchez Gordillo, que ya había sido absuelto anteriormente por un juzgado sevillano por una acusación similiar, no tendrá que ir a la cárcel pese a tener ya antecedentes penales por una condena por alteración del orden.