También resultaron absueltos el empresario francés Jacques Lacroix, director general de OCC-Centros Comerciales, y los otros cuatro acusados que, de una manera u otra, trabajan para la el Gobierno valenciano.

El fiscal jefe de Valencia, Enrique Beltrán, había solicitado penas de dos años de prisión para cada uno y multas que sumaban 654 millones de pesetas, si ien reconoció que no podía probar el delito de cohecho sin la ayuda de las escuchas telefóncias que el tribunal declaró ílegales al principio de la vista.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Querol, señala que no se han aportado pruebas suficientes para poder declarar la culpabilidad de los acusados.

Por lo tanto, no queda probado que Lacroix sobornará a los otros procesados, como sostenía el fiscal, para que decidieran a su favor la adjudicación de unos terrenos públicos stuados en el término de Paterna (Valencia).

Para el tribunal, tampoco se puede hablar de maquinación para alterar el precio de las cosas, porque no llegó a celebrarse. Asimismo, la sentencia rechaza la acusación de intervención en empresas con móvil de lucro, puesto que no se ha constatado que Blasco y los otros procesados llegaran a participar en OCC-Centros Comerciales.

A pesar de ello, el tribunal reconoce en los hechos probados que el acusado Juan José Esturi, ex gerente del Instituto Valencino de la Vivienda (IVV), siguió las instrucciones de Blasco para sacar a concurso los terrenos sin la preceptiva autorización del consejo de administraciópn del instituto.

Según la sentencia, Esturi también intentó introducir dos párrafos en el acta de una reunión del consejo de administración de IVV, con la intención de que pareciera que el máximo órgano del instituto había dado el vito bueno a la enajenación de los terrenos.

De ahí que el fiscal Enrique Beltran declarara, tras conocer la sentenia, que los hechos probados evidencian que "no toda la actuación de los acusados fue limpia, aunque los magistrados no hayan visto ningún delito".

El representante del ministerio público sigue pensando que la querella que presentó contra Blasco, origen de todo el proceso, estaba plenamente jutificada. Por ello, tiene previsto presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque dispone de cinco días para decidirse.

El ex conseller Rafael Blasco manifestó al conocer la sentencia que esteproceso no debía haber empezado nunca, ya que ha sido un "calvario insufrible" para una serie de personas.

Blasco, que esta semana se ha reincorporado a su puesto de depositario del Ayuntamiento de Algemesí (Valencia), también dijo de su carrera política que él es un corredor de fondo y que no piensa "tirar la toalla".