Chicharro Pérez acusó a la pariente de Efren Martínez Izquierdo, parlamentario del PP, de coaccionar a dos ancianos de la residencia de Agreda (Soria) para que votasen al PP.

El juez estima que condenar a Chicharro "contravendría el derecho de expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, máxime cuando éstos se vertieron en el curso de una conversación privada (con un periodista) y no con carácter oficial, sin perjuicio de que fueran posteriormente publicadas".

Para el magistrao, la faceta pública de la prima del diputado nacional, que trabajaba como animadora sociocultural de la Diputación, es un elemento a valorar para descartar una tipología delictiva.

Sin embargo, el juez soriano llega a la conclusión de que las declaraciones de Chicarro Pérez, durante la campaña electoral de las municipales, son falsas y no están suficientemente probadas.

Al juicio, que se celebró el pasado 18 de septiembre, no se presentaron los dos ancianos supuestamente coaccionados para que diran su voto al PP.

Por este motivo, el abogado de Chicharro alegó indefensión, lo cual ha sido rechazado por el juez, que no obstante ha admitido que dada la avanzada edad de estas personas una comisión judicial debería haberse trasladado al municipio de Agreda para tomarles declaración.