UGT considera que el "supuesto de la angustia" "resuelve poco el prolema actual, pues el aborto en nuestro país sigue siendo causal, donde médicos y jueces tienen la última palabra, en lugar de las mujeres afectadas".

Lucía Villegas, responsable del departamento, añade que el proyecto de reforma del Código Penal deja sin regular, "y por tanto sin resolver", el problema de la objeción de conciencia, "así como la cobertura necesaria para su práctica (del aborto) en la red sanitaria pública", con lo que aquellas mujeres que no puedan costearse el aborto en una clínica prvada serán las más perjudicadas. Más del 90 por cien de los abortos legales realizados en España entre 1985 y 1988 lo fueron en centros sanitarios privados, según datos oficiales.

Por otro lado, UGT echa en falta en esta reforma "la inclusión y tipificación como delito del acoso sexual, que afecta a un importante número de mujeres en sus puestos de trabajo".

Para la central sindical, la proyectada reforma es una "oportunidad perdida" por el Gobierno "de ir creando las bases para hacer realidad lalibertad e igualdad pendiente aún para las mujeres de este país".