Según informaron fuentes socialistas, existe un grave problema social en nuestro país en los delitos de aborto, "producido por las insuficiencias que actualmente tiene la rgulación de esta materia".

A juicio del PSOE, la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de junio, que incorporó el artículo 417 bis del Cógido Penal, supuso un gran avance, aunque esta regulación es insuficiente hoy.

"El ordenamiento jurírdico no puede limitarse a reconocer el derecho a la interupción voluntaria del embarazo sólo cuando exista riesgo para la salud de la madre, cuando sea consecuencia de una violación o cuando se presuma que el feto vaya a nacer con taras graves", añaden.

Consideran que hay numerosas situaciones distintas a las legalmente previstas en las que el alumbramiento de un hijo supone para la mujer inconvenientes tan graves que exigirle que lo haga por amenaza penal resulta de un sistema democrático.