La diputada socialista María Teresa Fernández de la Vega denunció en rueda de prensa que la "redada intempetiva" de la policía por orden judicial ha dejado fuera del anonimato a mil mujeres que abortaron legalmente en una clínica autorizada.

El Gobierno, aseveró, debe poner en marcha las medidas oportunas para restablecer sus derechos fundamentales a la intimidad, al honor, y a la confidencialidad de sus datos personales, que han sido vulnerados.

Esta actuación merece, a su juicio, la respuesta inmediata del fiscal general del Estado y del Ministerio de Justicia, así como del Consejo General del PoderJudicial, que ayer mismo decidió abrir diligencias informativas contra el juez que ordenó la incautación.

La portavoz socialista de Sanidad, Angeles Amador, juzgó "lamentable" que haya que solicitar las explicaciones de José Manuel Romay ante su "silencio desolador" y lamentó que estén "pasando cosas que parecía que ya no pasaban".

Amador recordó que la Ley General de Sanidad garantiza la intimidad de cualquier paciente dentro de un centro sanitario público o privado y que sólo el personal directmente relacionado con su diagnóstico o tratamiento tiene acceso a su historial médico.

Tras asegurar que "han empezando a salir nombres" de las mujeres afectadas, María Teresa Fernández consideró que estos hechos ponen de manifiesto la necesidad de aprobar una nueva legislación sobre el aborto.

En este sentido, arremetió contra el PP por intentar "retrasar" la tramitación de las proposiciones de PSOE e IU para legalizar el cuarto supuesto del aborto, presentadas por ambos grupos después de que hae algunas semanas el pleno del Congreso las desestimara al repetirse un empate en la votación.

Fernández de la Vega denunció que en la reunión de ayer de la Mesa de la Cámara los representantes populares intentaran utilizar "todo tipo de argumentos" no reglamentarios para retrasar su tramitación, aunque sus argumentos no prosperaron y las propuestas fueron admitidas a trámite y se volverán a debatir.